INDIGNACIÓN POR LOS RECORTES EN LA CONCERTADA: REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Como ya os hemos informado, el viernes se celebraron las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos, en las que la Consejería de Educación propuso la supresión de distintas unidades escolares. USO contactó con los delegados de los colegios afectados para que tuvieran de primera mano la información y la transmitieran a sus compañeros.

La propuesta de la Consejería, como no podia ser menos, nos ha causado una profunda indignación y malestar ante la que no vamos a permanecer impasibles, y por ese motivo decidimos, en primer lugar, transmitir a los medios de comunicación la importancia de esta decisión:

El diario HOY recoge la noticia desde el punto de vista de otro sindicato que no asistió a la Comisión Provincial de Conciertos de Cáceres, pese a lo cual informó sobre la supresión de unidades escolares  sin concienciar a la opinión pública de la gravedad de este nuevo recorte. Además, desvía la atención hablando del aumento de los complementos autonómicos, algo de lo que ya informamos la semana pasada. Los compañeros cuyos puestos de trabajo peligran actualmente nos han mostrado su sorpresa e indignación porque supone un paso atrás para conseguir solucionar este grave problema.

Además, con la intención de rebajar la gravedad del asunto, a la cantidad de unidades posiblemente suprimidas, dicha noticia le resta el de las posibles unidades concedidas, minimizando así ante los medios las consecuencias en forma de despidos que puede tener esta propuesta.

Con USO siempre recibirás la información más responsable, veraz y ajustada a la defensa de los derechos de los trabajadores de la Enseñanza Concertada.

Demagogia y oportunismo al hablar de la Concertada y los incrementos salariales de los Presupuestos Generales

La Ley de Presupuestos Generales, publicada el 4 de julio en el BOE, recoge los incrementos en los módulos de conciertos del 1,625% para 2018. Conviene advertir de entrada que este incremento no es gracias al II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, que se negoció y firmó en y para el ámbito de las Administraciones Públicas. De hecho, es fácil comprobar que en ese Acuerdo no hay ninguna mención a los trabajadores de la concertada. Estamos ante una simple traslación de cantidades: tanto para unos, tanto para los otros, tal y como ha venido ocurriendo en la serie histórica del pago delegado. Los salarios para los empleados públicos, y después su traslado simple a los trabajadores de la concertada, se ha llevado a cabo a veces por acuerdo, pero en otras muchas ocasiones por imposición del Gobierno de turno sin negociación y ninguneando a los sindicatos. Los años de hierro del 2010 al 2015 no están tan lejos.

El incremento salarial pactado muestra, además, una realidad que los firmantes de los acuerdos para los empleados públicos ocultan intencionadamente. Al parecer, los trabajadores de la concertada tenemos que estar agradecidos a los sindicatos de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas por recibir la misma subida que los empleados públicos, pero no olvidemos que gracias también a los mismos sindicatos no se permitirá que se presupueste para la concertada ni un céntimo más por encima de lo dispuesto para los compañeros de la pública. Estamos topados por arriba por imposición de estos generosos sindicatos. Si queremos avanzar en la homologación salarial prometida desde la LODE del 85, hacen falta partidas económicas muy superiores en los tres módulos de concierto; además, faltan por presupuestar también los sexenios o la financiación de ratios profesor/aula que permita reducir la carga lectiva del profesorado con carácter general. No olvidemos que los módulos de concierto no solo fijan salarios, también fijan las ratios que determinan la jornada docente, actualmente muy superior en la concertada.

Aunque algunos sindicatos presumen de su poder negociador con los empleados de los servicios públicos, y llegan a afirmar sin empacho que los trabajadores de la Enseñanza Concertada son también empleados de los servicios públicos, la realidad es que los centros concertados son centros privados a los que no se aplica el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sino el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos. No olvidemos que en los colegios concertados hay muchos compañeros que no están en pago delegado (Bachilleratos, Primer Ciclo de Infantil y PAS), que esperan también una rápida y eficaz negociación de las Tablas Salariales del sector para el año 2018 que les traslade a su vez incrementos salariales equivalentes a los presupuestados en los módulos de concierto.

USO trabaja con el máximo interés y urgencia en la firma de las Tablas Salariales 2018 para el pago delegado y el pago directo. Esperamos un acuerdo satisfactorio y, además, defendemos que en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada del Ministerio de Educación se deben destopar  los actuales incrementos salariales de los Presupuestos Generales del Estado para conseguir una financiación propia para el sector, no subsidiaria de la de los empleados públicos, y que permita culminar la homologación salarial, también con los sexenios, y la reducción de la carga lectiva del profesorado al nivel de la de los compañeros de la escuela pública.

USO considera irresponsables las declaraciones de la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil denigrando la Enseñanza Concertada

La Federación de Enseñanza de USO manifiesta su más enérgica protesta y rechazo por las declaraciones vertidas por María Luisa Carcedo, la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil, en las que descalifica a la Enseñanza Concertada acusándola de favorecer la segregación social. Compartimos la importancia que supone luchar contra la pobreza infantil, pero nos parece inaceptable y desafortunado lanzar tan graves acusaciones sin argumentos y con una total ignorancia sobre el sector educativo y sobre la realidad en su conjunto de la enseñanza concertada.

Para USO, el concierto educativo es la herramienta que hace posible el acceso a la enseñanza privada a todas las familias, con independencia de su situación socioeconómica. Otra cuestión es la dotación financiera de los módulos de conciertos y su ámbito de aplicación que, como venimos denunciando con insistencia, es insuficiente y deficitaria de manera crónica, y que además no permite la financiación de los servicios complementarios como el transporte o el comedor para satisfacer una verdadera gratuidad de la enseñanza.

En su informe anual de 2014, el Defensor del Menor de Andalucía, con relación al capítulo denominado Los Servicios Educativos Complementarios son básicos para garantizar la igualdad de oportunidades educativas, indicaba con absoluta claridad que “existe una creencia, errónea desde nuestro punto de vista, de que la escolarización de los menores en un centro concertado es sinónimo de un cierto nivel de renta o poder adquisitivo. Nada más lejos de la realidad. Muchos de estos colegios están ubicados en barrios obreros, y con un bajo nivel de renta. El alumnado que asiste a estos colegios proviene de familias con un nivel socio económico bajo o muy bajo”.

Los centros concertados, como los centros de titularidad pública, cumplen un servicio público y de interés social. Entre los cometidos de la Enseñanza Concertada, como el de los centros públicos, está la inclusión social, que realizan con una profesionalidad digna de elogio en beneficio de toda la sociedad. La elección de un centro público o concertado es asunto exclusivo de las familias, no de la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil, que debería centrar sus esfuerzos en solicitar idénticos niveles de financiación para ambas redes de centros, dado que el compromiso con una educación basada en la equidad y la calidad es también idéntico en todos ellos, públicos y concertados.

Apelamos al sentido común y a la responsabilidad de la nueva Administración del Estado para que, en vez de comenzar sus actuaciones con descalificaciones, acometa sin sectarismos la tarea de avanzar hacia un mayor consenso en materia de educación y resolver los problemas de los ciudadanos en el acceso a una enseñanza gratuita y de calidad para todos en la red de centros sostenidos con fondos públicos