INDIGNACIÓN ANTE LOS NUEVOS RECORTES EN LA CONCERTADA EXTREMEÑA

Este viernes se han reunido las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos, en las que la Consejería ha presentado la propuesta de supresión de diversas unidades escolares para el curso 2018/19, motivo por el que la Federación de Enseñanza de USO, en calidad de sindicato mayoritario del sector, ha mostrado su profunda indignación y malestar .

El recorte en Educación propuesto por la Consejería afecta aproximadamente a una decena de centros, especialmente de la provincia de Cáceres. Una vez se comunique oficialmente a los colegios afectados, estos tendrán un plazo para efectuar las alegaciones que estimen oportunas.

USO denuncia que no hay ninguna justificación para este recorte, ya que la Consejería cuenta con el mismo presupuesto para Educación, e incluso para la Pública ha anunciado un incremento notable de la plantilla docente. De esta forma, consideramos que se obstaculiza la libre elección de modelo educativo que ampara la Constitución Española, recordando a la Administración una vez más que la Enseñanza Pública y la Concertada son complementarias.

Cuando deberíamos estar hablando de la ampliación de las plantillas para atender cuestiones básicas como el apoyo a las necesidades educativas especiales o a las minorías étnicas, abordar las jubilaciones parciales del sector o la homologación laboral y salarial, nos encontramos con esta propuesta inadmisible. Por tanto, exigimos a la Consejería que rectifique su decisión, se mantengan los puestos de trabajo y no se acuerde de la Concertada solamente a la hora de efectuar recortes.

Demagogia y oportunismo al hablar de la Concertada y los incrementos salariales de los Presupuestos Generales

La Ley de Presupuestos Generales, publicada el 4 de julio en el BOE, recoge los incrementos en los módulos de conciertos del 1,625% para 2018. Conviene advertir de entrada que este incremento no es gracias al II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, que se negoció y firmó en y para el ámbito de las Administraciones Públicas. De hecho, es fácil comprobar que en ese Acuerdo no hay ninguna mención a los trabajadores de la concertada. Estamos ante una simple traslación de cantidades: tanto para unos, tanto para los otros, tal y como ha venido ocurriendo en la serie histórica del pago delegado. Los salarios para los empleados públicos, y después su traslado simple a los trabajadores de la concertada, se ha llevado a cabo a veces por acuerdo, pero en otras muchas ocasiones por imposición del Gobierno de turno sin negociación y ninguneando a los sindicatos. Los años de hierro del 2010 al 2015 no están tan lejos.

El incremento salarial pactado muestra, además, una realidad que los firmantes de los acuerdos para los empleados públicos ocultan intencionadamente. Al parecer, los trabajadores de la concertada tenemos que estar agradecidos a los sindicatos de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas por recibir la misma subida que los empleados públicos, pero no olvidemos que gracias también a los mismos sindicatos no se permitirá que se presupueste para la concertada ni un céntimo más por encima de lo dispuesto para los compañeros de la pública. Estamos topados por arriba por imposición de estos generosos sindicatos. Si queremos avanzar en la homologación salarial prometida desde la LODE del 85, hacen falta partidas económicas muy superiores en los tres módulos de concierto; además, faltan por presupuestar también los sexenios o la financiación de ratios profesor/aula que permita reducir la carga lectiva del profesorado con carácter general. No olvidemos que los módulos de concierto no solo fijan salarios, también fijan las ratios que determinan la jornada docente, actualmente muy superior en la concertada.

Aunque algunos sindicatos presumen de su poder negociador con los empleados de los servicios públicos, y llegan a afirmar sin empacho que los trabajadores de la Enseñanza Concertada son también empleados de los servicios públicos, la realidad es que los centros concertados son centros privados a los que no se aplica el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sino el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos. No olvidemos que en los colegios concertados hay muchos compañeros que no están en pago delegado (Bachilleratos, Primer Ciclo de Infantil y PAS), que esperan también una rápida y eficaz negociación de las Tablas Salariales del sector para el año 2018 que les traslade a su vez incrementos salariales equivalentes a los presupuestados en los módulos de concierto.

USO trabaja con el máximo interés y urgencia en la firma de las Tablas Salariales 2018 para el pago delegado y el pago directo. Esperamos un acuerdo satisfactorio y, además, defendemos que en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada del Ministerio de Educación se deben destopar  los actuales incrementos salariales de los Presupuestos Generales del Estado para conseguir una financiación propia para el sector, no subsidiaria de la de los empleados públicos, y que permita culminar la homologación salarial, también con los sexenios, y la reducción de la carga lectiva del profesorado al nivel de la de los compañeros de la escuela pública.

La Inspección de Trabajo avisa que vigilará los despidos de los docentes en verano

La Seguridad Social ha dictado un criterio de actuación por el que advierte a las Consejerías de Educación de la obligación de mantener el alta y la cotización a la Seguridad Social de los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos durante los meses de julio y agosto, siempre que tengan derecho a las retribuciones en esos meses. La Inspección de Trabajo advierte que velará por el cumplimiento de las obligaciones de alta y cotización de los trabajadores durante el periodo estival.

Este criterio es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 11 de junio, por la que se determinó que no se pueden establecer diferencias de trato para los docentes que desarrollen sus funciones durante el curso lectivo completo. El fallo señala que se mantienen sus derechos retributivos, por lo que deben percibir los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto, aunque no presten servicios, además de seguir dados de alta en la Seguridad Social.

La sentencia del Tribunal Supremo acaba con la práctica habitual de contratar y despedir a los docentes por el periodo lectivo, dejando fuera de contrato los meses correspondientes a las vacaciones entre el final del curso y el comienzo del siguiente. Si te encuentras en esta situación y deseas ampliar información sobre este asunto, ponte en contacto con USO.