• Inicio

La Inspección de Trabajo avisa que vigilará los despidos de los docentes en verano

La Seguridad Social ha dictado un criterio de actuación por el que advierte a las Consejerías de Educación de la obligación de mantener el alta y la cotización a la Seguridad Social de los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos durante los meses de julio y agosto, siempre que tengan derecho a las retribuciones en esos meses. La Inspección de Trabajo advierte que velará por el cumplimiento de las obligaciones de alta y cotización de los trabajadores durante el periodo estival.

Este criterio es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 11 de junio, por la que se determinó que no se pueden establecer diferencias de trato para los docentes que desarrollen sus funciones durante el curso lectivo completo. El fallo señala que se mantienen sus derechos retributivos, por lo que deben percibir los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto, aunque no presten servicios, además de seguir dados de alta en la Seguridad Social.

La sentencia del Tribunal Supremo acaba con la práctica habitual de contratar y despedir a los docentes por el periodo lectivo, dejando fuera de contrato los meses correspondientes a las vacaciones entre el final del curso y el comienzo del siguiente. Si te encuentras en esta situación y deseas ampliar información sobre este asunto, ponte en contacto con USO.

¿Los profesores de la Concertada tienen que acreditar 40 horas anuales de formación?

Ante las numerosas consultas que hemos recibido en USO acerca del artículo publicado en el diario El País, donde el sindicato FSIE aseguraba que los docentes de la Concertada tienen la obligación de realizar 40 horas anuales de formación, hemos de informaros que dicha afirmación es completamente falsa. 

Este “sindicato” afirma en el mismo artículo que “julio es uno de los meses favoritos para reciclarse”. Tal comentario es muy peligroso para nuestro sector, porque según el Convenio, julio y agosto son meses de vacaciones para los docentes de la Concertada. ¿Se trata de una propuesta para el próximo convenio? ¿Acaso hay quien opine que docentes y PAS de la Concertada no trabajamos aún lo suficiente? 

Mientras unos hablan de horas obligatorias de formación, USO es consciente del exceso de horas lectivas y complementarias que sufre la Concertada, tal y como venimos reflejando continuamente con diversas campañas puestas en marcha y denunciándolo en los medios de comunicación.

En consecuencia, USO exige que no se hagan propuestas que supongan retrocesos en los derechos de los trabajadores de la Concertada, e insta a que se programe el curso escolar de tal manera que permita a los docentes disfrutar de las merecidas vacaciones estivales desde el 30 de junio hasta el 1 de septiembre, tal y como contempla nuestro Convenio, sin proponer horas de formación obligatorias en los meses de verano.

USO considera irresponsables las declaraciones de la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil denigrando la Enseñanza Concertada

La Federación de Enseñanza de USO manifiesta su más enérgica protesta y rechazo por las declaraciones vertidas por María Luisa Carcedo, la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil, en las que descalifica a la Enseñanza Concertada acusándola de favorecer la segregación social. Compartimos la importancia que supone luchar contra la pobreza infantil, pero nos parece inaceptable y desafortunado lanzar tan graves acusaciones sin argumentos y con una total ignorancia sobre el sector educativo y sobre la realidad en su conjunto de la enseñanza concertada.

Para USO, el concierto educativo es la herramienta que hace posible el acceso a la enseñanza privada a todas las familias, con independencia de su situación socioeconómica. Otra cuestión es la dotación financiera de los módulos de conciertos y su ámbito de aplicación que, como venimos denunciando con insistencia, es insuficiente y deficitaria de manera crónica, y que además no permite la financiación de los servicios complementarios como el transporte o el comedor para satisfacer una verdadera gratuidad de la enseñanza.

En su informe anual de 2014, el Defensor del Menor de Andalucía, con relación al capítulo denominado Los Servicios Educativos Complementarios son básicos para garantizar la igualdad de oportunidades educativas, indicaba con absoluta claridad que “existe una creencia, errónea desde nuestro punto de vista, de que la escolarización de los menores en un centro concertado es sinónimo de un cierto nivel de renta o poder adquisitivo. Nada más lejos de la realidad. Muchos de estos colegios están ubicados en barrios obreros, y con un bajo nivel de renta. El alumnado que asiste a estos colegios proviene de familias con un nivel socio económico bajo o muy bajo”.

Los centros concertados, como los centros de titularidad pública, cumplen un servicio público y de interés social. Entre los cometidos de la Enseñanza Concertada, como el de los centros públicos, está la inclusión social, que realizan con una profesionalidad digna de elogio en beneficio de toda la sociedad. La elección de un centro público o concertado es asunto exclusivo de las familias, no de la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil, que debería centrar sus esfuerzos en solicitar idénticos niveles de financiación para ambas redes de centros, dado que el compromiso con una educación basada en la equidad y la calidad es también idéntico en todos ellos, públicos y concertados.

Apelamos al sentido común y a la responsabilidad de la nueva Administración del Estado para que, en vez de comenzar sus actuaciones con descalificaciones, acometa sin sectarismos la tarea de avanzar hacia un mayor consenso en materia de educación y resolver los problemas de los ciudadanos en el acceso a una enseñanza gratuita y de calidad para todos en la red de centros sostenidos con fondos públicos