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USO considera irresponsables las declaraciones de la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil denigrando la Enseñanza Concertada

La Federación de Enseñanza de USO manifiesta su más enérgica protesta y rechazo por las declaraciones vertidas por María Luisa Carcedo, la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil, en las que descalifica a la Enseñanza Concertada acusándola de favorecer la segregación social. Compartimos la importancia que supone luchar contra la pobreza infantil, pero nos parece inaceptable y desafortunado lanzar tan graves acusaciones sin argumentos y con una total ignorancia sobre el sector educativo y sobre la realidad en su conjunto de la enseñanza concertada.

Para USO, el concierto educativo es la herramienta que hace posible el acceso a la enseñanza privada a todas las familias, con independencia de su situación socioeconómica. Otra cuestión es la dotación financiera de los módulos de conciertos y su ámbito de aplicación que, como venimos denunciando con insistencia, es insuficiente y deficitaria de manera crónica, y que además no permite la financiación de los servicios complementarios como el transporte o el comedor para satisfacer una verdadera gratuidad de la enseñanza.

En su informe anual de 2014, el Defensor del Menor de Andalucía, con relación al capítulo denominado Los Servicios Educativos Complementarios son básicos para garantizar la igualdad de oportunidades educativas, indicaba con absoluta claridad que “existe una creencia, errónea desde nuestro punto de vista, de que la escolarización de los menores en un centro concertado es sinónimo de un cierto nivel de renta o poder adquisitivo. Nada más lejos de la realidad. Muchos de estos colegios están ubicados en barrios obreros, y con un bajo nivel de renta. El alumnado que asiste a estos colegios proviene de familias con un nivel socio económico bajo o muy bajo”.

Los centros concertados, como los centros de titularidad pública, cumplen un servicio público y de interés social. Entre los cometidos de la Enseñanza Concertada, como el de los centros públicos, está la inclusión social, que realizan con una profesionalidad digna de elogio en beneficio de toda la sociedad. La elección de un centro público o concertado es asunto exclusivo de las familias, no de la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil, que debería centrar sus esfuerzos en solicitar idénticos niveles de financiación para ambas redes de centros, dado que el compromiso con una educación basada en la equidad y la calidad es también idéntico en todos ellos, públicos y concertados.

Apelamos al sentido común y a la responsabilidad de la nueva Administración del Estado para que, en vez de comenzar sus actuaciones con descalificaciones, acometa sin sectarismos la tarea de avanzar hacia un mayor consenso en materia de educación y resolver los problemas de los ciudadanos en el acceso a una enseñanza gratuita y de calidad para todos en la red de centros sostenidos con fondos públicos

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